Trece elementos del Ejército mexicano fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en la muerte de dos niñas, Leidy y Alexa, de 11 y 7 años, respectivamente, ocurrida hace 11 meses en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.
De acuerdo con información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que acompaña legalmente a la familia, los militares también enfrentan cargos por tentativa de homicidio contra una adolescente de 14 años, un menor de 12 y dos adultos, todos integrantes del mismo núcleo familiar.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, cuando la familia se dirigía a una escuela. En el trayecto, se toparon con un bloqueo en la carretera y, según las investigaciones, un convoy militar integrado por tres vehículos abrió fuego en más de 100 ocasiones contra la camioneta en la que viajaban.
Inicialmente, el caso fue catalogado como un enfrentamiento; sin embargo, con el avance de las indagatorias se ha cuestionado esta versión. La organización denunció que se trató de un uso “ilegítimo y arbitrario de la fuerza”, lo que derivó en la apertura de procesos penales contra los elementos involucrados.
El organismo también señaló que, de manera paralela, la jurisdicción militar inició una investigación sobre los hechos, situación que ha sido impugnada por las víctimas al considerar que contraviene estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Durante la audiencia, la Fiscalía Especializada presentó pruebas que, según el colectivo, acreditan el uso letal de la fuerza de forma injustificada, lo que apunta a una actuación dolosa por parte de los militares.
Por su parte, la defensa de los imputados argumentó que los elementos castrenses actuaron en un contexto de violencia en la región, marcada por la presencia de grupos delictivos.
El caso ha reavivado el debate sobre el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y la necesidad de garantizar justicia en casos de presuntas violaciones a derechos humanos.
