El Congreso de Tamaulipas dio entrada a una iniciativa promovida por el PRI para crear la Ley de Voluntad Anticipada, con la que se busca que las personas puedan decidir, de manera anticipada, los tratamientos médicos que desean o no recibir en caso de enfrentar una enfermedad terminal.

La propuesta fue presentada por la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, quien aclaró que esta legislación no contempla la eutanasia, sino el derecho de los pacientes a rechazar procedimientos que prolonguen la vida de manera artificial sin mejorar su condición.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es evitar la obstinación terapéutica, es decir, la aplicación de tratamientos desproporcionados que solo extienden la agonía del paciente sin ofrecer una recuperación real.

La ley plantea que la voluntad anticipada sea respetada por familiares, médicos e instituciones de salud, brindando certeza jurídica en momentos en los que el paciente ya no puede expresar sus decisiones.

Además, se propone que este documento pueda formalizarse ante notario público o personal de salud autorizado, con la presencia de dos testigos, y que pueda ser revocado en cualquier momento.

También se contempla que las instituciones médicas informen a los pacientes sobre este derecho y lo integren a su expediente clínico para garantizar su cumplimiento.