La operación de servicios de transporte por aplicación en el Aeropuerto Internacional de Monterrey continúa envuelta en incertidumbre, luego de que conductores denunciaron la permanencia de operativos por parte de la Guardia Nacional.
Aunque Uber señala que existe un amparo vigente desde 2025 que ordena detener estas acciones, los conductores aseguran que las revisiones y sanciones siguen presentándose de manera cotidiana.
El problema se agrava ante la falta de espacios designados para el servicio, lo que obliga a los operadores a recoger pasajeros en zonas generales, donde son interceptados por autoridades.
De acuerdo con testimonios, incluso al cumplir con los requisitos, los conductores enfrentan multas y retenciones, lo que ha reducido la disponibilidad del servicio en el aeropuerto.
Este escenario ha tenido impacto directo en los usuarios, quienes deben optar por taxis concesionados con costos considerablemente más elevados.
El origen del conflicto se remonta a 2023, cuando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes estableció que las plataformas debían contar con permisos específicos para operar en terminales aéreas.
Aunque un tribunal determinó que algunos operativos carecían de sustento legal, la autoridad federal sostiene que la resolución no implica una autorización plena.
A meses del fallo judicial, la falta de claridad regulatoria mantiene el conflicto abierto, en un contexto donde la movilidad será clave ante la llegada del Mundial FIFA 2026.
