El Juez Coughenour Bloquea la Orden Ejecutiva de Trump Sobre Ciudadanía en EE.UU.
En un giro inesperado en el escenario político estadounidense, el juez John C. Coughenour, del distrito federal de Seattle, ha tomado una decisión que resuena en todo el país. En una medida cautelar, ha suspendido temporalmente una orden ejecutiva firmada por el entonces presidente Donald Trump, que buscaba eliminar la ciudadanía automática para los hijos nacidos en territorio estadounidense de inmigrantes indocumentados o con estatus migratorio temporal.
La historia se centra en una demanda presentada por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, quienes argumentaron que la orden de Trump era “claramente inconstitucional”. La medida, que debía entrar en vigor el 19 de febrero, representaba un cambio radical en la política migratoria estadounidense, desafiando un principio fundamental protegido por la Enmienda 14 de la Constitución: cualquier persona nacida en el país es considerada ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
A través de su fallo, el juez Coughenour enfatiza la importancia de esta enmienda, reafirmando la protección de los derechos de los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Este caso no solo pone de relieve la tensión entre el poder ejecutivo y los derechos constitucionales, sino que también resalta la movilización de veintidós estados, mayormente gobernados por administraciones demócratas, que se han unido en contra de la orden ejecutiva. La postura de estos estados cuestiona la autoridad del presidente para anular una enmienda constitucional a través de una simple orden ejecutiva.
El bloqueo cautelar dura 14 días, tiempo que podría usarse para posibles apelaciones, lo que añade un nuevo nivel de complejidad a una situación ya tumultuosa. Este desarrollo representa no solo un retroceso significativo en los intentos de reforma del sistema migratorio impulsados por Trump, sino que podría eventually ser objeto de revisión por la Corte Suprema de Estados Unidos. Para tomar medidas permanentes que eliminen la ciudadanía por nacimiento, se requeriría una reforma constitucional, un proceso que exige la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación de las asambleas estatales.
Con el telón de fondo de esta batalla legal, el futuro de la ciudadanía en EE.UU. pende de un hilo, y las decisiones que se tomen en los días venideros podrían tener un eco duradero en la historia de la nación.
