El panorama judicial del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que hace unos meses parecía repleto de desafíos legales, comienza a cambiar drásticamente. Su único caso con condena penal, relacionado con el pago irregular a la actriz Stormy Daniels, está cerca de ser sobreseído en Nueva York, mientras otros casos enfrentan retrasos o complicaciones legales.
Trump enfrenta cargos en cuatro jurisdicciones clave:
Nueva York: Fue declarado culpable en mayo por falsificar registros para encubrir pagos a Stormy Daniels, pero la sentencia ha sido pospuesta indefinidamente por el juez Juan Merchan, lo que podría derivar en desestimación o retrasos hasta después de su mandato.
Washington D.C.: Se le acusa de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 y de incitar al asalto al Capitolio en 2021.
Georgia: Está bajo investigación por presunta interferencia en las elecciones de 2020, aunque el caso enfrenta incertidumbre tras revelaciones de posibles conflictos de interés en la fiscalía.
Florida: Se le acusa de manejar de forma indebida documentos clasificados, incluyendo material sensible sobre secretos nucleares. Sin embargo, el fiscal especial Jack Smith solicitó detener la apelación sobre una decisión de desestimar estas acusaciones.
Como presidente electo, Trump se beneficia de una inmunidad parcial otorgada por el Tribunal Supremo, además de una disposición del Departamento de Justicia que prohíbe juzgar o encarcelar a un presidente en ejercicio.
En el caso de Nueva York, enfrenta hasta cuatro años de prisión, pero la sentencia sigue sin fecha definida, alimentando especulaciones sobre su posible desestimación.
Además de los procesos penales, Trump enfrenta sentencias civiles millonarias:
Fue condenado a pagar 83,3 millones de dólares por difamar a la escritora E. Jean Carroll, quien lo acusó de agresión sexual.
Recibió una sanción de 175 millones de dólares en Nueva York por inflar el valor de sus activos empresariales, aunque ambas decisiones están en proceso de apelación.
El próximo mandato presidencial, que inicia el 20 de enero de 2025, parece ofrecer a Trump un respiro judicial considerable. La renuncia planeada del fiscal especial Jack Smith y los retrasos en los juicios de Georgia y Washington D.C. refuerzan la posibilidad de que muchos casos queden estancados mientras esté en el cargo.
Trump ha capitalizado su situación legal para fortalecer su narrativa política, describiéndola como una “caza de brujas” en su contra. Este enfoque le permitió no solo sortear los obstáculos judiciales durante la campaña, sino también consolidar su posición como el primer presidente electo con una condena penal.
A medida que el panorama judicial evoluciona, el impacto en su presidencia y legado político sigue siendo una incógnita, pero por ahora, Trump parece haber despejado buena parte del camino hacia la Casa Blanca.
Redacción/El Nacional
