Este martes fue aprobada por el Pleno del Senado de la República una reforma al Código Penal Federal donde se establece una sanción de 18 años de cárcel a los funcionarios que lleguen a grabar, difundir y distribuir imágenes donde se vean cadáveres de mujeres, adolescentes o niños víctimas de violencia.

De igual manera, la misma penalidad será aplicada a periodistas, youtubers, personas o representantes de los medios de comunicación que publiquen dicho contenido.

La reforma fue aprobada por unanimidad y turnada a San Lázaro, contemplando multas que llegan hasta los 232 mil pesos a quienes lleven a cabo este tipo de prácticas, que son recurrentes en casos de feminicidios.

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Ante estos casos, funcionarios de fiscalías como la de Ciudad de México han filtrado este tipo de vídeos y fotografías a algunos medios que terminan publicando el material.

Esta propuesta se plantea garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección, bienestar físico y psicológico tanto de víctimas como de ofendidos, puesto que esta divulgación de información respecto a las víctimas de algún delito representa una lesión a la dignidad de las personas y a la memoria de las víctimas.