En solo dos días entrará en vigor la Ley General de Telecomunicaciones o “Ley AntiSPAM” en España que detiene las llamadas de spam y publicidad no solicitadas.
Según la ley, es necesario el consentimiento previo del consumidor para recibir comunicaciones comerciales, a menos que exista una relación contractual previa. Sin embargo, hay preocupaciones sobre cómo las empresas pueden obtener ese consentimiento a través de diversas formas.
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Las empresas que incumplan la ley pueden enfrentar multas de hasta 100.000 euros por faltas leves y hasta 20 millones de euros en casos graves. La Agencia Española de Protección de Datos será responsable de hacer cumplir la ley y aplicar sanciones.
Sin embargo, las llamadas de call centers ubicados en otros países seguirán siendo permitidas. Además, se permiten excepciones para llamadas comerciales relacionadas con intereses vitales del ciudadano o interés público.
