El ejecutivo Eduardo Menga cuida mucho de su salud. Durante la pandemia consultó a varios médicos para asegurarse de que tomaba todos los recaudos y trasladó a su familia de Río de Janeiro a una localidad del interior. Él trabaja desde allí, mientras que su esposa Bianca Rinaldi, quien es actriz, no trabaja desde marzo del año pasado.
Megan y Rinaldi son parte de una minoría de brasileños dispuestos a pagar por la vacuna contra el COVID-19 si una asociación de clínicas privadas logra concretar un acuerdo para la compra de 5 millones de dosis en el país más desigual de América Latina. El presidente Jair Bolsonaro, muy cuestionado por su manejo de la pandemia, dijo que no intervendría.
“Cuando voy a un restaurante y pago por mi comida, no le estoy sacando la comida a nadie”, dijo Menga, de 68 años, desde su casa en Jundial, en el estado de Sao Paulo. “No creo que al vacunarme en una clínica privada le saque la vacuna a alguien que está esperando la suya en el sistema público. Es una alternativa, y quienes tengan la oportunidad de usarla, deberían aprovecharla”.
