En los últimos 14 años, el gobierno federal invirtió más de 40 mil 580 millones de pesos en seis de sus Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), monto que de poco sirvió pues todos estos penales se encuentran actualmente cerrados o inactivos.
Entre 2006 y 2020, las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador asignaron ese monto a los penales federales, a través de los llamados Programas y Proyectos de Inversión (PPI).
De acuerdo con una revisión que MILENIO hizo al Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, durante ese periodo se destinaron 15 mil 241 millones 788 mil 136 pesos al Complejo Penitenciario Islas Marías, que fue cerrado como penal a principios de 2019, para convertirlo en un centro educativo y cultural; se invirtieron 10 mil 795 millones 643 mil 740 pesos en el Cefereso No. 10 Nor-Noreste, ubicado en Monclova, Coahuila, que se encuentra inactivo desde enero de 2017; y se erogaron 9 mil 967 millones 775 mil 364 pesos al Cefereso No. 6 Sureste, localizado en Huimanguillo, Tabasco, desincorporado apenas en octubre pasado por la actual administración.
En Veracruz, se asignaron 4 mil 305 millones 578 mil 167 pesos al penal federal de Papantla que, al día de hoy, aún se encuentra en obra negra; se gastaron 213 millones 53 mil 445 pesos en el Cefereso No. 2 Occidente “Puente Grande”, localizado en Jalisco, el cual fue inhabilitado como prisión federal por el gobierno del presidente López Obrador a finales de septiembre pasado; y se invirtieron 56 millones 957 mil 169 pesos en el Cefereso No. 3, ubicado en Tamaulipas, el cual se encuentra inactivo desde diciembre de 2015.
Los 40 mil 580 millones 796 mil 21 pesos invertidos a través de PPI en estos seis penales, cerrados o fuera de operación, tenían el objetivo de culminar obras en sistemas de alta seguridad o en el mejoramiento de la infraestructura.
