Organismos no gubernamentales denunciaron ante el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presuntas violaciones a los derechos humanos de los reos de los penales Apodaca 1 y 2.
Fue por medio de una carta como Human Rights Watch y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), exigieron que la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la CEDH que investiguen las condiciones carcelarias.
Lo anterior debido a que en los últimos dos meses fallecieron tres personas en circunstancias sospechosas, además de que reos con COVID-19 o sospechosos de tener el virus viven en situaciones antihigiénicas.
Familiares de algunos internos han denunciado también la existencia de bandas delictivas que presuntamente controlan las cárceles, además de que golpean a internos y los obligan a pagar sobornos.
“Recibimos denuncias preocupantes de que bandas delictivas que controlarían las cárceles golpean a internos y los obligan a pagar sobornos, así como de personas con síntomas de Covid-19 que son aisladas en condiciones antihigiénicas y degradantes, y a quienes no se les ha brindado tratamiento médico”, mencionan en el texto.
Además, señalan que a las personas con síntomas de covid no se les brinda tratamiento médico, y que son aisladas en condiciones antihigiénicas.
“Lo instamos a cerciorarse de que se identifiquen y traten todos los casos potenciales de COVID-19 en las cárceles y se les garantice condiciones de salubridad adecuadas a todas las personas aisladas por posible exposición al virus, incluyendo acceso adecuado a agua, alimentos y atención médica.
“Las autoridades penitenciarias están legalmente obligadas a proporcionar alimentos, agua, ropa de cama y atención médica adecuados y suficientes de forma gratuita. Las autoridades no pueden negar ninguno de estos servicios ni participar en ningún tipo de trato o pena cruel, inhumano o degradante”, agregaron.
