El Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación de un Registro de Personas Agresoras Sexuales, que tiene como propósito recopilar la información de personas sentenciadas por delitos de carácter sexual.
En esta “lista negra” quedarán inscritos, por un periodo de 10 a 30 años, todas aquellas personas con sentencia ejecutoria –que ya agotaron sus recursos para defenderse- por delitos de feminicidio, turismo sexual, trata de personas y conductas contra menores de 12 años.
“Serán 10 o 30 años dependiendo del nivel de peligrosidad, de las condiciones de la comisión de los delitos, si una persona es reincidente, ese es el criterio que deberá tomar el cuenta el juez para ver por cuánto tiempo deberá estará inscrito”, puntualizó el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán.
Con 47 votos a favor, tres abstenciones y cero en contra, los legisladores aprobaron que la Secretaría de Gobierno, a través de un portal web, deberá habilitar el registro público que podrán consultar los capitalinos y que tendrán los siguientes datos: fotografía actual, nombre, edad, alias y nacionalidad.
Asimismo, acordaron que habrá información clasificada – a la que sólo tendrán acceso las personas titulares del Ministerio Público, autorización de un juez de control y otras autoridades judiciales – como: señas particulares, zona criminológica de los delitos, modus operandi, fichas signaléctica y perfil genético.
También, los ciudadanos, podrán solicitar por escrito información de este registro a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, a cargo de Hazael Ruíz.
Será la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) la encargada del apoyo técnico para implementar la infraestructura tecnológica, seguridad informativa e interoperabilidad del registro.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía deberán de implementar política criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, “dando prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva, así como a aquellas donde se concentren personas del Registro”.
Esta propuesta de creación se añadiría en un título séptimo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia local, la Ley de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, así como diversas modificación al Código Penal capitalino.
Este proyecto sobre agresores sexuales fue presentado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y por el diputado del PRI, Miguel Ángel Salazar, aunque de este último no se respetó que él solicitaba que fuera privado el registro.
Por su parte, el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño, puntualizó que la inscripción en este registro de presuntos agresores sexuales podría acarrear un sinfín de amparos, toda vez que sí una persona fue detenida hace tres años y obtiene sentencia ejecutoria después de la entrada en vigor de la reforma a la ley no hay forma de que se le incluya en el registro pues no hay retroactividad de la ley.
Explicó que el texto aprobado hoy especifica que todos los que tengan sentencia ejecutoria, sin importar, cuando inició su proceso judicial serán incluidos en el registro.
“Lo que aprobamos no lo distingue, lo que dice es que todos los sentenciados tras la publicación de la ley al recibir su sentencia posterior deberán estar en el registro. Van a meter en el mismo costal a los que impliquen un delito hoy o mañana o el día que se publique, a los que lo hicieron hace dos o tres años. Una persona comete un delito sexual hoy, mañana se publica la ley; a este cuate lo van a sentenciar en equis tiempo, digamos tres años, no le pueden aplicar este ley porque la ley no existía y esto es irretroactividad de la ley”, detalló.
Agregó que también hay un riesgo de que este registro sea público, puesto que si de pronto se publica una lista “lo que va a provocar esto es que haya un posible linchamiento de la sociedad”.
“El Estado que es el único encargado de castigar le está pasando la responsabilidad a la sociedad. ¿Qué va a pasar? Que los violen, que los linchen, que los maten o que sería más grave que puedan ser objeto sus hijos y familia solo por el tema de aparecer en una lista negra”, enfatizó.
Puntualizó que es un intento de propaganda política para dar un mensaje a los medios de comunicación de que algo está haciendo el gobierno por atender las violaciones y los feminicidios.
Finalmente indicó que las reformas servirán de poco para atender el creciente número de delitos que se registran en la Ciudad de México en contra de las mujeres, pues sólo se hace un parche al Código Penal local y se pierde la oportunidad de crear un sistema de Registro Público de Agresores Sexuales.
