Juan Pablo Medina, de 25 años, recurrió a la Justicia para intentar evitar que su novia, una estudiante de 22 años con un embarazo de siete meses, se sometiera a un aborto.
Dijo que con su novia llevaban 14 meses de relación y que de común acuerdo decidieron tener un hijo. En septiembre pasado supieron que ella tenía tres meses de embarazo. “Nos puso muy contentos. Pensamos bautizar al niño como Juan Sebastián”.
Las cosas cambiaron cuando el 27 de diciembre la madre de ella supo del embarazo y trató de disuadirla con el argumento de que afectaría sus estudios. La mujer empezó por separar a los jóvenes, y Juan Pablo perdió contacto con su novia, hasta que se enteró, en enero, de que ella “estaba hospitalizada voluntariamente solicitando el proceso del IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo)” .
A inicios de enero se enteró de que su novia estaba hospitalizada por un supuesto “estado crítico de salud” y “malformaciones” del bebé. Pero la EPS (Entidad Prestadora de Salud) de la joven se negó a certificar que existiera una causal de “salud mental” para abortar.
Los parientes de la muchacha le dijeron que ella alegaba no estar “preparada para acoger al bebé, que quería terminar su carrera y (que no tenía) los medios económicos”
Medina, entretanto, insistía en que su hijo por nacer era “un niño que ya prácticamente puede vivir fuera del vientre de su madre”, y que él estaba dispuesto a criarlo solo.
“Si una madre soltera puede salir adelante, un padre soltero también puede”, decía, y pedía que no se le quitara “la vida al bebé” y que se lo entregasen a él.
“Para mí él es Juan Sebastián, ya compré todo, la cuna, el kit de aseo. Quiero que me lo entreguen a mí y no se le vulnere su vida”, dijo.
Pero, sin importar nada de esto, ni atender la súplica de Juan Pablo Medina, Profamilia realizó el aborto del bebé de 7 meses de gestación el 11 de febrero pasado.
La lucha de Juan Pablo por el derecho a nacer de su hijo se había vuelto tendencia en las redes sociales y logró llegar a los medios de comunicación, pero no alcanzó. Tampoco la intervención de la Justicia.
Redacción/El Nacional
