La falta de reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) (que podrán publicarse hasta junio), provocó que seis estados rechacen su entrada en vigor, por lo que seguirán atendiendo a los ciudadanos bajo el estatus de Seguro Popular, además no firmaron un convenio de adhesión que, consideran, les quita responsabilidad para atender la salud de sus habitantes.
Los mandatarios de Aguascalientes, Martín Orozco; de Guanajuato, Diego Sinhue; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; de Baja California, Carlos Mendoza Davis, todos de Acción Nacional, y de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, no han signado todavía el convenio.
El decreto que da vida al organismo establece que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador transferirá dinero para la atención y medicamentos gratuitos a las entidades a través de acuerdos de colaboración, pero las que prefieran no hacerse cargo de los servicios podrán acordar con el instituto que organice, opere y supervise la prestación de servicios.
“En el caso de los estados que acuerden con el Insabi que éste se haga cargo de organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios, los recursos que les correspondan serán ejercidos por el organismo en términos de los acuerdos de coordinación”, precisa el documento.
Diversos mandatarios decidieron no firmar el acuerdo de colaboración, porque creen que se les quita facultad para otorgar los servicios de salud. Ahora temen que no les entreguen el monto como en años anteriores, aun cuando el Presidente aseveró que no es obligatorio firmar el convenio.
“Antes de que aprobara dije públicamente que nunca iba a firmar, ni de broma, aunque me torcieran la otra mano buena que me queda, porque está peor, es entregarles el sistema de salud”, afirmó Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato.
Al respecto, Juan Ferrer, titular del Insabi comentó: “La ley marca hasta el mes de abril para los acuerdos. En esta etapa están las reuniones con los secretarios de Salud de todos los estados para informarles sobre el nuevo esquema. Ya cada estado voluntariamente dirá si se suma, es de esa forma, porque así lo prevé la normatividad”.
Sin embargo, aunque no estén obligados a adherirse a los acuerdos, el decreto indica que los estados tienen un plazo de 180 días para armonizar sus leyes y disposiciones vigentes en materia de salud” contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto”.
Redacción/El Nacional
