Tras la sentencia dictada hace un año contra el Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, y el Secretario General, Manuel González Flores, la Sala Regional de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó al legislativo de Nuevo León que debe cumplir con dicha sentencia.
El senador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Samuel García, acudió a entregar el documento en el que el TEPJF califica al Congreso local de rebelde, por no acatar la resolución.
“La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le manda otra resolución de queja, donde obliga al Congreso a sancionar, punto. No a interpretar, no a dictaminar, no, a sancionar. Tiene hasta el 20 de diciembre, so pena de que a los diputados los sancionen con medidas de apremio.”
La sentencia se deriva de la acusación en contra Rodríguez Calderón y González Flores, por el uso de recursos económicos y 572 servidores públicos del aparato de Gobierno para recabar las firmas cuando “El Bronco” buscaba la candidatura a la Presidencia de la República.
El documento del TEPJF con fecha del 26 de julio de 2019, muestra la leyenda “Incidente de incumplimiento de sentencia” y especifica que la Sala Especializada determinó sentencia el 21 de junio de 2018.
Según explicó Samuel García, la infracción que determinó la autoridad federal, va desde la suspensión del cargo y la inhabilitación, además de una multa económica que podría ser de 80 millones de pesos para cada uno.
Ante tal situación “El Bronco” se desligó de cualquier anomalía en que haya incurrido bajo el argumento de que no era gobernador y se encontraba con una licencia.
“Creo que el Tribunal se excedió en el tema de pedirle al Congreso (que lo sancionen), debió haberlo mandado a la Fiscalía General o a la Fiscalía Anticorrupción, el Congreso tendrá que sancionar, pero tendrá que dar una resolución, yo espero que lo hagan conforme a derecho.
“El Congreso del Estado no tiene facultades para eso, es decir, yo no era gobernador… El Congreso está para hacer leyes y debe ser, en todo caso, la Fiscalía o que se yo, no quiero polemizar sobre ese tema, pero quiero precisar, no hay ninguna resolución judicial en el caso que yo haya cometido algún delito”, dijo.
El mandatario estatal criticó que ninguna autoridad tiene el derecho de coartar la libertad de los ciudadanos para participar en cualquier acto proselitista.
Concluyó que hay una sobre condición política por parte de los Tribunales y el Congreso.
“Yo no tengo ningún inconveniente de acudir, explicar y decir lo que a mi derecho corresponda”, apuntó.
