Redacción/El Nacional
Documentos oficiales desclasificados revelan que 227 mandos militares con sus tropas escudriñaron en viviendas populares y de poblados en busca de sus enemigos, para lo cual establecieron retenes en carreteras, caminos de terracería, en las entradas de ciudades y pueblos de las regiones Centro, Costa Grande y Costa Chica de Guerrero.
El informe enlista a 326 responsables de desapariciones forzadas, de los cuales 17 son políticos de orden federal y estatal, y 21 son agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Entre los 227 mandos castrenses hay 59 generales, siete de los cuales son generales de brigada diplomados del Estado Mayor. Sumando a estos siete militares más de tropa o de los que no se precisa cargo, y 54 policías judiciales bajo sus órdenes, da un total de 288 victimarios, que representan 93% del listado total.
Es decir: el Ejército es el principal responsable de los 512 casos de desaparición forzada documentados por Comverdad, cifra que se eleva a mil 500 casos de desapariciones forzadas tan sólo en la base militar de Pie de la Cuesta, en Acapulco, según el testimonio de uno de los victimarios, el expolicía militar Gustavo Tarín, quien asegura que las víctimas fueron arrojadas desde aviones a mar abierto.
El informe registra el nombre del mando castrense, fechas y lugares de actuación, y en algunos casos señala los nombres de las personas desaparecidas o ejecutadas.
También habla de operativos castrenses, como el Atoyac, que en 1974 desplegó a unos 5 mil elementos y tuvo como finalidad reprimir a posibles simpatizantes de las guerrillas.
De los 512 casos de desaparición forzada de Comverdad, cuatro eran profesores y 20 estudiantes, 15 de ellos preparatorianos.
De acuerdo con el reporte desclasificado de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), fechado en 1976, el grupo tenía como objetivo “vengar insultos al gobernador o personas que han tenido problemas con el Ejército, traficantes de drogas”.
El escrito asegura que las detenciones se realizan por “órdenes expresas del comandante de la 27 Zona Militar, con sede en Acapulco, general de división de Estado Mayor, Salvador Rangel Medina”, con el fin de eliminar a contactos de Lucio Cabañas.
Tita Radilla, hija del desaparecido Rosendo Radilla en 1974, y parte de la Asociación de Familiares de Desaparecidos en México, coincide que si no se hace justicia en este capítulo guerrerense, tampoco la habrá en el caso Ayotzinapa.
“Ya se comprobó que quemaron a uno de los 43 desaparecidos, dicen que fue la delincuencia organizada, pero ¿quién dio la orden suponiendo que ellos fueron? ¿Qué ganaba ésta quemando estudiantes?, no tiene lógica”, dice.
“Es el Ejército y hay que buscarle por ahí, es lo mismo que hacían antes y que quedó impune”, advierte el comisionado de la Comverdad.
Fuente: Agencias
