La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó que el Gobierno de Enrique Peña Nieta (2012-2018) se perdonó de un delito de defraudación fiscal a Rodrigo Ruiz, uno de los socios de Balam Seguridad Privada, empresa vendedora de software espía Pagasus.
“Un socio de la empresa Balam, que le vendió a la (entonces) Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía general) el malware espía, fue uno de los cinco casos de perdón fiscal en el gobierno de Peña Nieto”, destacó MCCI en el informe.
Tras la posesión de unos documentos, la ONG prueban que el empresario de 36 años acusado en 2014 fue uno de los casos en los que la Secretaría de Hacienda solicitó al Poder Judicial desestimar la acusación.
José Ulises Gómez Nolasco el entonces subprocurador fiscal, fue señalado como la persona que envió al juzgado un oficio para solicitar el deslindamiento de la acción penal,
En el documento puede leerse que Ruiz se comprometió entonces a un castigo mínimo, el de repartir panfletos en restaurantes y bares para concienciar a los jóvenes de que paguen sus impuestos.
A medida de esta forma se retiraron los cargos presentados el 23 de octubre de 2014, cuando la SHCP presentó una querella porque Ruiz consignó en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ingresos menores a los realmente obtenidos en el ejercicio fiscal de 2011.
Ruiz provocó un daño de 1.35 millones de pesos (unos 70,900 dólares) y fue en entre 2013 y 2015 cuando Hacienda lo perdonó, el 4 de abril de 2016 el juzgado emitió una resolución tras la petición hecha por la SHCP, y otorgó el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria.
La desaparecida Procuraduría General de la República hoy en dia Fiscalía General de la República, compro la empresa “el malware espía Pegasus” fue comprado por a razón de 32 millones de dólares al Grupo Tech Bull, una filial de Balam Seguridad Privada.
El software se infiltra en teléfonos móviles a través de un mensaje de texto con un enlace que, al ser activado, facilita la instalación del programa que permite el monitoreo de todo teléfono celular.
Todos los afectados por el software, fueron miembros de la sociedad civil mexicana, periodistas, líderes de partidos de oposición y funcionarios de organismos internacionales.
“La SHCP, amparada en una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se negó a informar la identidad de las personas beneficiadas”, comentó la institución.
