Redacción | El Nacional
Con la firme intención de combatir la delincuencia, la presidente de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, hizo un llamado a toda la sociedad para que mediante el establecimiento de una cultura de la legalidad y la denuncia se puedan aplicar las acciones que impone el Sistema Nacional Anticorrupción a fin de terminar con el flagelo que azota a México.
Asimismo Díaz Salazar señalo que en el Senado de la República se trabaja en el establecimiento de las herramientas que fortalezcan la política criminal del país, como la transformación del Sistema Penitenciario.
Además Cristina Díaz manifestó que en la transformación de México ya no cabe la corrupción ni la impunidad, y la ciudadanía exige un hasta aquí a estos problemas que han sido y son la mayor causa de desigualdad y de exclusión en el país.
“La sociedad se siente lastimada por quienes abusan del poder, y han ubicado a México en el segundo lugar como el país con más impunidad en un ranking de 59”, dijo.
La construcción del andamiaje jurídico será el soporte de este sistema, que se complementará con dos instrumentos pendientes de la reforma en materia.
De esta manera los legisladores cuentan con un periodo de un año para abordar las primeras 7 leyes de anticorrupción, que son: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Rendición de Cuentas, la Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Orgánica de la Administración Pública Federal, la Responsabilidades Administrativas ante faltas graves de servidores públicos, sin dejar de lado la incorporación de particulares involucrados en faltas graves que tienen que ver con actos de corrupción, así como las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica del Congreso General, detalló la senadora.
La senadora Cristina Díaz subrayó que el país se encuentra ante la oportunidad de generar un cambio cultural con el Sistema Nacional Anticorrupción que se encargará de la identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de actos corrupción, tanto de servidores públicos como de particulares.