Luego de que el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón contemplara la posibilidad de aumentar el costo del transporte público, líderes de opinión y de distintas asociaciones civiles rechazaron está opción debido a que el estado ya cuenta con las tarifas más caras del país.
Consuelo Espínola de la Asociación de usuarios del transporte y Luis Gómez, integrante de Pueblo Bicicletero, coincidieron en que Nuevo León es una de las entidades con el transporte más caro de México y que un posible aumento podría afectar la economía de los nuevoleoneses.
Espínola detalló que el pasado 2017 la Alianza de Usuarios realizó una encuesta en el mercado Juárez, donde la gente expresó que con los salarios que reciben el pasaje tendría que ser de $5 a $7 pesos.
“Para trasladarse requieren de al menos dos camiones ( el 40% ) el resto ocupa más de dos ( 60% ) como puede verse no alcanza con el salario de $90 pesos una tarifa actual de $12 pesos o más ni de chiste, ya que para el que utiliza cuatro camiones se le iría el 50% de su salario”, enfatizó la activista.
Mientras que Gómez subrayó que el gobierno ha aumentado el costo del transporte público del estado convirtiéndolo en el más caro del país, presuntamente para mejor el servicio, lo cual hasta el momento no a ocurrido.
“Tenemos el transporte público más caro del país y el servicio no ha mejorado, entonces ese cuento de que suben las tarifas para mejorar el servicio ya lo hemos escuchado muchas veces antes y no ha sucedido. Lo que queremos es que más gente se suba al transporte público, que más gente se suba a la bicicleta, que más gente camine; este tipo de medidas va en sentido contrario. En vez de incentivar la movilidad sostenible este tipo de medidas hace que más gente quiera usar el automóvil”, indicó.
Por su parte, Rocío Montalvo, de Únete Pueblo, explicó que interpondrán de nueva cuenta un amparo contra aumentos al transporte en la entidad.
La activista explicó que recientemente promovió un juicio de amparo contra este tipo de alzas ante el Juzgado de Materia Administrativa, pero fue rechazado bajo el argumento de que no tenían interés jurídico para promoverlo, por lo que interpusieron un recurso de apelación ante el Poder Judicial de la Federación.
