Redacción/El Nacional
Tras la orden que el Gobernador interino Manuel González giró hacia la Agencia Estatal del Transporte (AET) para retirar la propaganda política de los taxis, diputados del PRI e independientes cuestionaron y defendieron la publicidad en las unidades.
Pese a que en el Reglamento Homologo de Tránsito prohíbe que taxistas circulen con publicidad política, el diputado de la bancada del PRI, Marco González, dijo que el Estado se está enfocando en asuntos que no le corresponden, puesto que la autoridad electoral es quien debe prohibir o no la publicidad.
Señaló que el Gobierno debería de prestarle más atención a temas como la seguridad y la regulación de taxis piratas.
Por su parte, la diputada independiente Karina Barrón coincidió con González y enfatizó que la autoridad gubernamental tiene que darle prioridad a asuntos como el mal estado del transporte público, así como el alza de homicidios que se han registrado en la entidad.
Compartió que cada chófer de taxi es responsable de colocar o no propaganda política, tomando sus propias decisiones. Asimismo, enfatizó en que el Estado debió aplicar dicha medida en las pasadas elecciones del 2015.
Otra figura política que resultó a favor de la publicidad en los taxis fue la candidata del PAN a la alcaldía de San Pedro, Rebeca Clouthier.
“Se me hace un atropello a la libertad porque muchos concesionarios de taxis algunos son individuos que tienen un solo taxi, es de ellos y tienen la libertad de hacer lo que les dé su gana con su taxi”, alegó.
“Se me hace un atropello a la dignidad de la persona, se me hace un atropello a la libertad de expresión y de preferencia de cualquier ser humano, la verdad yo no creo que el consejo estatal del Transporte tenga que meterse en ese tipo de cosas porque, insisto, atropellan la libertad de expresión, la libertad de devoción y la dignidad de la persona”, agregó.
Fue ayer, durante la rueda de prensa matutina, cuando Manuel González expuso que la propaganda política debe ser retirada de los taxis ya que el Artículo 10 fracción XV del Reglamento de Tránsito lo prohíbe.
De no seguir la orden, los chóferes tendrían que enfrentarse a una multa que va desde los 100 a 300 salarios mínimos, o bien, al envío de unidad al corralón y retiro de su concesión.
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