Redacción/ El Nacional
A través de un comunicado el Gobierno de México negó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la desaparición de tres personas en Chihuahua en 2009, sea responsabilidad de policías estatales o personal militar.
De acuerdo con la información proporcionada, no se encontraron elementos para establecer la existencia de una desaparición forzada, ya que no habría existido un móvil que haya sido dirigido o encaminado por parte de agentes del Estado a la desaparición de las presuntas víctimas.
“A la fecha no existen elementos fehacientes que acrediten la participación de agentes del Estado en los hechos, dado que no existen pruebas directas suficientes para concluir que los individuos que privaron de la libertad a las presuntas víctimas del caso hubieran sido agentes estatales”, señaló el gobierno de la República en un comunicado conjunto.
Indicaron durante la audiencia efectuada en Costa Rica la PGR, la Secretaría de Gobierno y el gobierno de Chihuahua argumentaron que tres días antes de lo ocurrido, personal militar no estuvo presente en el municipio de Buenaventura, donde se registró la desaparición el pasado 26 de diciembre de 2009.
Agregaron que en ese año en Chihuahua, “se registraba una fuerte presencia de organizaciones delincuenciales… que recurrían al uso de vestimenta tipo militar”.
Cabe destacar que durante el 123 periodo ordinario de sesiones de la CoIDH se desarrolló la audiencia de la desaparición de tres miembros de la familia Alvarado Espinoza, donde se informó que las acciones en el marco de las líneas de investigación a la fecha incluyen mil 360 diligencias, entre las que destacan 30 inspecciones ministeriales incluso a instalaciones militares.
