Al menos 106 personas defensoras de los derechos humanos del país han sido asesinadas durante lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto; otras 81 se encuentran desaparecidas.
De acuerdo al estudio, “La esperanza no se agota”, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” la situación de violencia hacia las y los defensores en México “es una realidad desconocida para la población”, pues del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016 se registraron 302 casos de organizaciones perjudicadas, en donde 1,037 personas y 422 colectivos resultaron afectadas, sin que la mayoría de ellos fueran difundidos.
Asimismo, se detalla que el estado más peligroso para los defensores es Chiapas, donde se han registrado 56 casos; seguido de Oaxaca con 45; a Ciudad de México con 37, Guerrero 25, Veracruz 21; Puebla 17; el Edomex 16; Chihuahua 13; Jalisco 11 y el resto de las 21 entidades con menos de una decena de casos.
Si bien, las organizaciones lamentan que los abusos, violaciones y agresiones a los derechos humanos de los defensores hayan incrementado en el presente sexenio aseguran que “resulta particularmente grave pues demuestra como el Estado es omiso ante la crisis de violencia contra las personas defensoras”.
