Tal y como algunos medios locales sostuvieron, la compra de 200,000 cobertores por parte del Gobierno de Nuevo León, nunca existió y se trató de una farsa para desfalcar al tesoro público con casi $30 millones de pesos.
Esto se dio conocer mediante los resultados de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que se realizó a las cuentas públicas 2015 y 2016 del gobierno, los cuales exponen que no fue una compra con precios inflados si no de una compra inexistente, la cual podría originar muchas denuncias penales a los involucrados.
“No se acreditó que alguna dependencia que intervino en el proceso de adjudicación, contratación y pago, haya recibido los 200,000 cobertores”, señala el documento.
Además se expone que la Comercializadora Mirof no contaba con los requisitos de hacienda para ser fabricante de cobertores y no hubo ningún reporte de a quien compró esta cantidad de colchas ni cómo fue que los transportó.
Igualmente se comprobó que no hay ninguna prueba documental o fotográfica que avale la existencia de la entrega y recepción de dicha mercancía.
Debido a esto la ASE exhorta a que se inicien acciones penales en contra de los responsables de este fraude, los cuales pueden alcanzar destituciones de sus cargos y ya no poder volver a ser funcionarios públicos, así como multas económicas.
La Secretaría de Desarrollo Social pagó de manera ilícita a la supuesta empresa Comercializadora Mirof un monto de $28 millones 977,000 en perjuicio del patrimonio del Estado, pues sin verificar la correcta recepción de los bienes, liquidó el 26 de enero de 2016 a dicha empresa una factura por la compra de los supuestos 200,000 cobertores que en ningún momento fueron entregados como se había declarado.
Aproximadamente en 10 días la Comisión de Vigilancia del Congreso revisará los resultados de la Auditoría para después buscar a los culpables y establecer las sanciones correspondientes.
