Este domingo se realizarán las votaciones para integrar la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, pero debido a su baja aceptación, los empleados del Estado están siendo obligados a participar en la contienda.
Los trabajadores recibieron llamadas telefónicas, presión de sus jefes y amenazas de despido para asegurarse de que voten este domingo para elegir a los miembros de la asamblea. El mandatario avanza con su plan de crear el poderoso organismo pese a cuatro meses de protestas en aquel país.
Con sondeos que muestran un rechazo del 70 por ciento a la Asamblea, el Gobierno quiere evitar una participación vergonzosamente baja en los comicios boicoteados por la oposición.
La presión sobre los empleados públicos es mayor que nunca, según entrevistas con trabajadores de dos docenas de instituciones que van desde la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) al Metro de Caracas, así como mensajes de texto, comunicados internos y videos vistos por Reuters.
“Cualquier director, superintendente y el supervisor que trata de bloquear la Asamblea Constituyente, que no vota o sus colaboradores no vota, debe dejar su puesto de trabajo el lunes”, dijo el vicepresidente de PDVSA, Nelson Ferrer.
Los trabajadores detallan las presiones: mensajes de texto cada 30 minutos, llamadas telefónicas, reuniones políticas obligatorias durante el trabajo, pedido que cada empleado reclute a otros 10 para votar u órdenes de informar a una “sala situacional” tras sufragar.
