Redacción / El Nacional
Los argentinos enfrentaron numerosas dificultades para llegar a sus trabajos este día por una huelga encabezada por sindicatos enfrentados con el gobierno que mantienen paralizados el transporte terrestre, la justicia, los puertos, las gasolineras y la aeronavegación.
Los sindicalistas reclaman la reducción o eliminación del impuesto aplicado a los sueldos y aumentos salariales que contrarresten una inflación que sitúan en al menos 30% anual. A su vez exigen negociaciones salariales libres sin la imposición de techos por parte del gobierno de Cristina Fernández.
Las exigencias son similares a las planteadas por los sectores más radicales de la Confederación General del Trabajo, la Central de Trabajadores de Argentina y el gremio de los trabajadores gastronómicos en otros cuatro paros que realizaron en los últimos tres años y medio, en los cuales se agudizó el enfrentamiento con Fernández.
Las estaciones de trenes, las paradas de autobuses y las líneas de trenes subterráneos de Buenos Aires estaban vacías a primera hora del día y numerosas personas tuvieron que usar automóviles y taxis para trasladarse a su trabajo o llevar a sus hijos a las pocas escuelas públicas que abrieron sus puertas.
Los colegios privados sí impartieron clases. Roberto Fernández, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, dijo a medios de prensa que el paro, que según dijo es cumplido de forma masiva, obedece a que el gobierno “no quiere sentarse a una mesa a escuchar el reclamo de los trabajadores”.
Indicó que en las negociaciones salariales con los empresarios los gremialistas “estamos un poco lejos” ya que exigen una actualización no menor a 30%.
En un año electoral los sindicatos más combativos decidieron redoblar sus reclamos como una advertencia para quien reemplace a Fernández en el poder a partir de diciembre, cuando tendrá lugar el recambio presidencial.
Algunas carreteras de acceso a la capital fueron cortadas por agrupaciones de izquierda, lo que generó enormes atascos. El mismo problema sufrían los habitantes de otras ciudades importantes del país como Rosario o Córdoba, donde al igual que en la capital se detuvo la recolección de basura y la distribución de combustible y alimentos.
Los vuelos de cabotaje no operaban mientras que en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, en un primer momento aterrizaron y salieron vuelos pero luego los operadores de la torre de control abandonaron sus puestos.
En el centro de la capital, los comercios seguían de forma dispar la medida de fuerza. En las administraciones públicas la actividad era reducida, al igual que en los hospitales.
El jefe de Gabinete Aníbal Fernández restó importancia a la huelga, que calificó de “política”, al afirmar a periodistas que “mañana (los sindicalistas) van a tener que sentarse a discutir de nuevo” las condiciones salariales “hasta que las velas no ardan”.
El senador izquierdista Fernando Solanas dijo en un comunicado que la medida “manifiesta necesidades impostergables de la abrumadora mayoría de los trabajadores” como el “freno a la inflación” y la “modificación” del impuesto a las ganancias que se aplica a miles de empleados.
