El gobierno de Venezuela anunció que a partir de este viernes quedan prohibidas las manifestaciones que puedan “afectar” las votaciones de la Asamblea Constituyente del próximo domingo, y advirtió que los “delitos electorales” serán castigados con penas de cinco a diez años de prisión.
“Se prohíbe en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar, que puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral”, dijo el ministro de Interior, Néstor Reverol, un día antes de una gran marcha opositora en Caracas.
Quien “organice, sostenga o instigue” acciones que interfieran con “la organización y funcionamiento del servicio electoral”, será “penado con prisión de cinco a diez años”, agregó el ministró en rueda de prensa.
Asimismo garantizó la seguridad del proceso durante una comparecencia con la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena; el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino; y el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, almirante Remigio Ceballos.
Un total de 146 mil policías, bomberos y efectivos de protección civil se desplegarán en apoyo a los militares para custodiar los centros de votación.
Lucena y Reverol fueron incluidos el miércoles en una lista de funcionarios venezolanos sancionados por el gobierno estadunidense, acusados de “quebrantar la democracia” y de ser responsables de “la represión” contra manifestantes.
“Rechazo categóricamente esta intromisión, esta burla, este atropello a la soberanía”, expresó Padrino ante las medidas de Washington, que incluyen congelación de cuentas y bienes en Estados Unidos y bloqueos de visados.
