Durante la presentación de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), el director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad y Justicia del INEGI, Adrián Franco, estimó que a nivel nacional, mil 600 millones de pesos es el costo de la corrupción causada entre autoridades y empresas que realizaron tramites o solicitudes de servicio durante 2016.
Según el reporte, los motivos más frecuentes donde se encontró el mayor índice de corrupción en funcionarios públicos fueron para realizar trámites, con un 64.6 por ciento, mientras que en el 39.4 por ciento para evitar multas o sanciones y en 30.7 por ciento se utilizan para obtener licencias o permisos.
De acuerdo con estos resultados, los costos monetarios de cumplimiento de las regulaciones en 2016 se estima en 115.7 mil millones de pesos, que representan el 0.56% del PIB nacional.
Entre los estados donde se ven más actos de corrupción son Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México, siendo el uso más frecuente del delito el de agilizar trámites.
Se muestra que del 92.7 por ciento de los empresarios encuestados en Tabasco, consideró que en esa entidad los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes.
Mientras que en Veracruz, el porcentaje de los que consideran frecuentes los actos de corrupción por parte de servidores públicos es de 92.1 por ciento y de 91.5 por ciento en la Ciudad de México.
Entre los estados con niveles más bajos de corrupción se encuentran Colima, Nayarit y Aguascalientes con el 62.2, 62.3 y 69.3 por ciento, respectivamente. A nivel nacional la tasa de corrupción fue de 82.2 por ciento.
Cabe destacar que esta es la primera vez que el INEGI realiza una encuesta dirigida a los empresarios para cuestionarlos sobre la efectividad del marco regulatorio y los obstáculos que enfrentan para el desarrollo de sus negocios.
