La Justicia de Argentina embargó económicamente y prohibido la salida del país a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos tras dictar un proceso como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada al lavado de dinero.
El juez federal Claudio Bonadio procesó también a, entre otros, a los constructores Lázaro Báez y Cristóbal López, y a Romina Mercado, sobrina de la exmandatario que fue presidente desde 2015 de la sociedad Los Sauces, además del fallecido exjefe de Estado Néstor Kirchner.
La acusación apunta a que pudo utilizarse esta empresa, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por el matrimonio presidencial y su hijo Máximo, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de Báez y López, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
Bonadio acusó a la expresidenta, sobre la que ordenó un embargo por 130 millones de pesos (8,44 millones de dólares), “penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe”, el cual concurre “en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito”
La investigación se originó en abril de 2016 por una denuncia de la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.
