El Congreso de Nuevo León aprobó tipificar el feminicidio como delito autónomo, estableciéndose sanciones de 40 a 60 años de prisión a quienes sean encontrados culpables.
Fue el diputado Gabriel Tláloc Cantú, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, quien informó que se modificó el artículo 331 párrafo bis 2 y 3 del Código Penal, incrementando así las penas para quienes cometan el delito.
La sanción se aplicará cuando existan antecedentes como amenazas, denuncias o cualquiera relativo a violencia contra las mujeres, facilitando la acción de la justicia con el único objetivo de inhibir las agresiones de género.
Karina Barrón, diputada local, reconoció que esta iniciativa marcará una pauta para reducir a su mínima expresión las agresiones contra las mujeres, las cuales se han disparado en el último lustro a más de 500 casos cometidos en la entidad.
En ese sentido, anticipó que presentará una propuesta para que el Congreso de Nuevo León tenga un lugar en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, a manera de trabajar de forma coordinada en el perfeccionamiento y armonización del marco normativo para atender el alza en los casos de violencia familiar hacia las mujeres, que han establecido máximos históricos en Nuevo León.
“Es muy alto el índice de violencia familiar contra las mujeres, es un problema grave. Es lamentable que no estemos nosotros como Congreso integrados en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, es por eso que vamos a estarlo proponiendo para que también esperemos que con la misma agilidad en la comisión se dé por aprobado”, informó.
En lo general y en lo particular el dictamen fue aprobado con 38 votos.
En ese sentido, anticipó que presentará una propuesta para que el Congreso de Nuevo León tenga un lugar en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, a manera de trabajar de forma coordinada en el perfeccionamiento y armonización del marco normativo para atender el alza en los casos de violencia familiar hacia las mujeres, que han establecido máximos históricos en Nuevo León.
