El Congreso exigió al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón lanzar una alerta de seguridad.
Ante la crisis de inseguridad que se registra en la entidad, los diputados locales dijeron que es importante que se incluyan acciones puntuales para detener la ola delictiva, con una coordinación efectiva de los tres niveles de gobierno y se solicite la presencia de más elementos militares y de las fuerzas federales.
Los legisladores también acordaron enviar un exhorto al Gobierno Federal, a la Secretaría de Defensa Nacional y a la Secretaría de la Marina Armada de México a fin de que refuercen su presencia en el Estado de Nuevo León y tomen el control de la seguridad en la entidad.
Mientras que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se le solicitó que abra un expediente y se investigue las condiciones de los internos en los penales del Estado de Nuevo León, así como los videos que se difundieron en redes sociales y medios de comunicación, de maltrato de un grupo de reos a otros reclusos en el Penal del Topo Chico.
El diputado José Luis Santos expresó que en Nuevo León se ve con tristeza como la inseguridad ha vuelto a las calles, mediante casos de ejecutados, levantones, robos a domicilio, a negocios, de vehículos y hechos violentos sin que el gobierno haya tomado cartas en el asunto.
“En todo el Estado, de 10 indicadores del Semáforo del Delito, 6 se encuentran con niveles no satisfactorios, por encima de las metas planteadas por el área de seguridad. El robo a auto se encuentra en rojo, mientras que en ámbar están el robo a negocio, violencia familiar, lesiones, violaciones y homicidios”, expresó el diputado.
“Hoy nos despertamos con muy malas noticias para nuestro Estado. En las redes sociales y en distintos medios de comunicación aparecen dos videos captados con teléfonos celulares en donde se muestran imágenes de como un grupo de reos abusan de otros internos de forma verbal, física e incluso sexualmente”.
“Esto a pesar de que el Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón ha señalado en reiteradas ocasiones que mantiene el “control” de los centros penitenciarios, cuando la realidad es otra muy distinta y los delincuentes siguen haciendo de las suyas”.