El Congreso del Estado aprobó en segunda vuelta las Reformas Constitucionales que crean el Sistema Estatal Anticorrupción.
Las Reformas Constitucionales que fueron aprobadas establecen que los ciudadanos participarán por primera vez en la historia en la elaboración de la convocatoria, perfiles y definición de la lista de candidatos entre los que se elegirá a los titulares de la Fiscalía General de Justicia (que sustituirá a la Procuraduría General de Justicia), Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Los ciudadanos también participarán en el proceso de selección del Auditor Superior del Estado y Magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa.
Con la Reforma Constitucional Anticorrupción se elimina el fuero de funcionarios, por lo que se podrá proceder penalmente contra el Gobernador, los diputados locales, alcaldes, regidores, síndicos, magistrados integrantes de órganos autónomos y fiscales durante el periodo que ocupen el cargo.
Además se eleva a rango constitucional la imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio para recuperar bienes producto de un hecho ilícito y se incrementan los plazos mínimos de prescripción para sancionar faltas administrativas o delitos relacionados con corrupción a diez años.
Asimismo la Auditoría podrá hacer revisión de situaciones excepcionales sin el aval del Congreso, también establece que el Comité Coordinador del sistema tendrá tres integrantes del comité de participación ciudadana; a nivel nacional solo hay uno.
Se establece el mecanismo para integrar el comité de selección con nueve ciudadanos fijando claridad para que los integrantes tengan el reconocido prestigio y respaldo de instituciones serias; y se establece que las resoluciones del comité coordinador de sistema podrán ser vinculantes.
Al realizar un posicionamiento en tribuna, el diputado Samuel García señaló que Nuevo León contará con el mejor Sistema Estatal Anticorrupción en todo el país, además queda detallado lo que es un hecho de corrupción, con lo cual se podrá meter a la cárcel a los servidores públicos que hagan mal uso de los recursos públicos.
Además se eleva a rango constitucional la imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio para recuperar bienes producto de un hecho ilícito y se incrementan los plazos mínimos de prescripción para sancionar faltas administrativas o delitos relacionados con corrupción a diez años.
