Redacción/ El Nacional


Tras una ardua audiencia más de 15 horas, el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, fue vinculado a proceso por el delito de peculado y daños contra el patrimonio del Estado, por lo cual se mantiene recluido en el Penal del Topo Chico, dictamen que fue aprobado por el juez de control, Miguel Ángel Eufracio Rodríguez.

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La Fiscalía Anticorrupción representada por Erika Irigoyen Castillo, solicitó la vinculación del exmandatario con un presunto desvió de más de 3 mil 128 millones de pesos, utilizados en adquisición de bienes e inmuebles y servicios para la instalación de la empresa coreana KIA en Pesquería.

Durante la audiencia, la Fiscalía Anticorrupción mostró los motivos por los que se le considera que el exgobernador estatal participó en probables actitudes de delito en el grado de autor intelectual en forma dolosa.

Previo a esta resolución, Medina de la Cruz, tuvo la defensa de los abogados Alonso Aguilar Zinser y Javier Flores, apoyados por cinco semejantes, quienes decidieron acogerse al artículo 20 constitucional para no declarar, manifestando que “Señoría no quiero emitir declaración alguna, pero quiero que quede subrayado, que niego haber cometido algún delito”.

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Tras largas horas, el juez concluyó que la fiscalía había mostrado suficientes pruebas para vincular al exmandatario, por lo que la representación social solicitó medida cautelar contra Rodrigo Medina al considerar riesgo de darse a la fuga.

Al respecto, el abogado defensor Alonso Aguilar Zinser dio vista de una suspensión de amparo en contra de las medidas cautelares por la libertad personal del exmandatario; sin embargo, el juez al igual que la Fiscalía consideraron que los efectos de dicho recurso era para evitar su detención.

Rodrigo Medina de la Cruz a quien se le vincula desde agosto de 2016 con el delito de ejercicio indebido de funciones, se le fijó un mes de plazo para cierre de investigación, por lo que al no demostrar arraigo, se le decretó prisión preventiva para evitar su fuga, ya la que la sanción por la que se le acusa acumula más de 24 años de prisión.