Redacción/ El Nacional


México cayo posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional, puesto que el año pasado se ubicó en el lugar 95, y en 2016 pasó al sitio 123 entre 176 países analizados.

“El país obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. La calificación actual es cinco puntos menor que la de la medición anterior”, indicó Transparencia Mexicana.

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“México se mantiene por debajo de sus principales socios y competidores económicos. 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil, sus principales competidores económicos. Entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el último lugar”, agregó.

La valoración de Transparencia Internacional destaca que el número y gravedad de casos de corrupción expuestos a la opinión pública  y los niveles de impunidad, han sido determinantes en la nueva evaluación del país.

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Para Transparencia no es suficiente con un cambio institucional, ya que se requiere acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a un gran número de instituciones públicas del país.

Al emitir recomendaciones que debe seguir México para revertir esta situación Transparencia refiere que es necesaria una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa.

En cuanto a los congresos de la Unión y locales deben cumplir su función constitucional de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local.

“Además de asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito federal, es necesario iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción: 19 de las 32 entidades federativas del país aún no lo han hecho. En el ámbito federal las reformas en materia de adquisiciones y obra pública deben ser una prioridad”.