Con base en los resultados de la auditoría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado decidió imponer una sanción económica de 90 días de sus salarios a Rogelio Benavides Pintos y a Gonzalo Padilla Orozco, servidores públicos encargados de la adquisición de cobijas a la empresa Comercializadora Mirof, S. A. de C. V., en diciembre pasado.
El monto de la sanción aproximada sería de 274 mil pesos y 244 mil pesos, respectivamente, de acuerdo con el Artículo 72, fracción V, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Nuevo León.
Ese artículo de la Ley establece que corresponde al superior jerárquico aplicar las sanciones establecidas por motivo de responsabilidad de funcionarios de la dependencia a su cargo.
Esto se debe a que en el momento de la adquisición, ambos funcionarios prestaban sus servicios en la Subsecretaría de Administración, adscrita en ese tiempo a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
Benavides Pintos era Subsecretario de Administración y Padilla Orozco está al frente de la Dirección de Adquisiciones.
La Subprocuraduría Anticorrupción determinó que los funcionarios sancionados no tuvieron un lucro o beneficio personal, ni causaron daño patrimonial en perjuicio del erario público.
Además, informó que la empresa Comercializadora Mirof S. A. de aC. V. entregó a la Secretaría de Desarrollo Social 60 mil cobertores para resarcir el daño causado al erario.
Redacción/El Nacional
