Como resultado de un acuerdo reparatorio con la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, la empresa Comercializadora Mirof S.A. se comprometió a entregar 60 mil cobertores al Gobierno de Nuevo León para resarcir el daño causado al erario.
Los cobertores tendrán la medida y peso señalados en la ficha técnica de la subasta electrónica inversa realizada en diciembre del año pasado: de 2 a 2.200 kilogramos y de 1.65 a 1.70 metros de ancho por 2 a 2.10 metros de largo.
Los 60 mil cobertores equivalen al 30 por ciento de los 200 mil artículos adjudicados en esa subasta, algunos de los cuales no cumplieron con tales especificaciones, ante la emergencia con la que debían ser distribuidos.
Esta situación originó una queja en el sistema CorrupNet en contra de servidores públicos, entre ellos del entonces Subsecretario de Administración del Gobierno estatal, Rogelio Benavides Pintos.
A raíz de esa queja, la Unidad Anticorrupción de la Contraloría y Transparencia Gubernamental interpuso una denuncia en la Subprocuraduría Anticorrupción.
Esta dependencia, a su vez, recibió otras denuncias de ciudadanos y legisladores, a raíz de notas periodísticas acerca de la queja.
Las denuncias y quejas fueron integradas por la Subprocuraduría en la carpeta de investigación 13/2016-UIESP-II.
Ernesto Canales Santos, Fiscal Anticorrupción, dijo que en la indagatoria compareció, entre otros, el representante legal de Comercializadora Mirof, quien declaró que por un error, el 24 de diciembre entregaron 60 mil cobertores con dimensiones distintas a las licitadas en la subasta.
Luego de una inspección de esta dependencia a muestras de las pacas de cobertores entregados, se corroboró que 30 por ciento de los cobertores no cumplía con los requisitos de la licitación.
Canales Santos dijo que en su comparecencia ante la Fiscalía, el representante legal de Mirof manifestó su disposición de resarcir el daño causado, por lo cual la carpeta de investigación respectiva fue enviada a la Dirección de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
El objetivo, expresó, era agotar la conciliación o mediación del conflicto originado por esa licitación y la respectiva adjudicación del contrato.
Con el acuerdo reparatorio logrado, que compromete a la empresa a entregar 60 mil nuevos cobertores para resarcir el daño al erario público, se extingue la posible acción penal que pudiera corresponderle, expresó.
“Este acuerdo muestra el brazo conciliador de la Fiscalía, pues conseguimos que el proveedor reparara el daño al erario público. Y esta Subprocuraduría está dispuesta a aplicar el mismo criterio en situaciones similares”, indicó.
Canales Santos dijo que hasta el momento no se han encontrado datos suficientes para estimar que cometieron algún delito los servidores públicos involucrados en el proceso de subasta, adjudicación del contrato y entrega-recepción de dichos cobertores.
Por otra parte, Contraloría y Transparencia Gubernamental informó que las Secretarías responsables de la licitación de los cobertores, Finanzas y Desarrollo Social, analizaron las pruebas presentadas dentro de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, por los servidores participantes en dicha licitación.
Tomando en cuenta la reparación del daño realizada por Comercializadora Mirof, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado impuso sanción económica de 100 días de salario y amonestación a los siguientes servidores públicos:
Rogelio Benavides Pintos, ex Subsecretario de Administración.
Gonzalo Padilla Orozco, Director de Adquisiciones.
A los integrantes de la Tesorería en el Comité de Adquisiciones no se les estableció sanción alguna, ya que las conductas que les eran atribuidas no se encontraban dentro de sus funciones.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social una vez desahogados los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa dictó las siguientes resoluciones, respecto del caso de los cobertores:
Helena Silva Parra, Directora Administrativa: sancionada con apercibimiento privado.
Evelín Marcela Arzate Ruiz, representante ante el Comité de Adquisiciones: inexistencia de responsabilidad administrativa.
Pedro Antonio Valadez Rodríguez, Coordinador de Control Presupuestal y Financiero de la Dirección Administrativa: sancionado con apercibimiento privado.
En tanto que la Contraloría emitió resolución respecto de uno de sus servidores públicos participantes en el caso:
Jesús Efraín Mazatán Parra, representante de la Contraloría en el Comité de Adquisiciones: sancionado con apercibimiento público.
