Redacción/El Nacional
La Subprocuraduría Anticorrupción aporta elementos adicionales para investigación de adjudicación de servicios legales por parte de ex Alcaldesa de Monterrey y ex integrantes de la pasada administración municipal.
La Subprocuraduría Anticorrupción presentó pruebas adicionales de que Margarita Arellanes, seis de sus funcionarios y tres integrantes de su Cabildo de Monterrey habrían adjudicado de manera directa un contrato de servicios profesionales con cargo al erario.
Esta acusación fue presentada el 2 de septiembre, dijo Ernesto Canales Santos, titular de esa dependencia, día en que venció el plazo otorgado para cerrar la investigación.
Expresó que los 10 ex funcionarios de la pasada administración municipal de Monterrey imputados en el caso tendrán 15 días para señalar vicios formales de la acusación, exponer argumentos de defensa y señalar los medios de prueba que serán desahogados en una audiencia de juicio oral.
La audiencia intermedia deberá celebrarse en un plazo no menor de 30 ni mayor de 40 días, expresó el Subprocurador.
Los 10 imputados, que el 5 de julio fueron vinculados a proceso por un Juez de Control por los delitos de ejercicio indebido y de ejercicio abusivo de funciones públicas, son:
EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES PÚBLICAS:
Margarita Alicia Arellanes Cervantes, ex Presidenta Municipal de Monterrey
Irasema Arriaga Belmont, ex Síndica segunda
Jesús Guadalupe Hurtado Rodríguez, ex Secretario del Ayuntamiento
Julián Hernández Santillán, ex Tesorero municipal
Alejandra Rodríguez Guerra, ex Secretaria de Administración
José Francisco de la Cruz Suárez, ex Director Jurídico
EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES PÚBLICAS:
David Rex Ochoa Pérez, ex Síndico primero
Arturo Pezina Cruz, ex Regidor
Luis Ángel Torres Garza, ex encargado del Despacho de la Dirección de Adquisiciones
Aldo Ariel Cepeda López, ex Director de Egresos
Para el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, la Fiscalía considera que hay datos de prueba de que los hoy vinculados a proceso adjudicaron de manera directa un contrato de prestación de servicios profesionales con cargo al erario por la cantidad de 7 millones 75 mil 471 pesos más IVA.
Este contrato fue para apoyar jurídicamente a funcionarios municipales en la administración 2012-2015, encabezada por Arellanes Cervantes.
Para el segundo delito, se advierte que realizaron un contrato de prestación de servicios a sabiendas de que dicho contrato resultaba ilegal y que los únicos beneficiados serían los propios vinculados y otros ex servidores públicos del municipio regiomontano.
