ReynaBriseño/La Nacional
La Audiencia Nacional española rebajó a 34 millones la fianza solidaria de 800 millones de euros impuesta a la entidad BFA-Bankia, a su ex presidente Rodrigo Rato, que fue director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)y a otros tres ex consejeros, por presuntas irregularidades en su salida a bolsa.
Los magistrados de la Sala de lo Penal estimaron parcialmente los recursos que impusieron los afectados contra la fianza impuesta en febrero pasado por el juez Fernando Andreu.
Andreu reclamó los 800 millones de forma solidaria a los imputados para cubrir posibles responsabilidades civiles por la salida a bolsa de Bankia, que finalmente acabó aportando el grupo en solitario, el pasado 17 de marzo.
Desde el principio, BFA-Bankia dejó claro que iba a reclamar a su excúpula la parte proporcional de la cuantía de la fianza, y para ello envió un requerimiento notarial a cada uno de ellos para exigir que aportaran 133 mil 33 millones el pasado 26 de marzo.
Solo uno de ellos, el ex consejero delegado Francisco Verdú, respondió a ese requerimiento, que vence el próximo domingo, pero sostiene que no tiene obligación alguna de asumir esa cifra ni tampoco los gastos derivados del depósito efectuado por el grupo, que eligió esa vía de forma voluntaria para abonar la fianza cuando podía haber elegido otros medios como el de aportar bienes.
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, anunció el pasado martes que el banco acudirá a la vía civil para pedir el embargo de los bienes de Rato y los otros tres ex consejeros imputados hasta alcanzar la cuantía reclamada, que desde este viernes ha quedado reducida en un 96%.
Según Andreu, del análisis que cuestionó las cuentas con las que Bankia salió a bolsa, se desprende un delito tipificado en el Código Penal que castiga a quienes como “administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores, falsearan la información económica financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros, con el propósito de captar inversores o depositantes”.
La Audiencia Nacional investiga la contabilidad de la entidad, que tuvo que recibir en 2012 una inyección de dinero público estimada en casi 18 mil millones de euros para paliar el agujero contable.
