Redacción/El Nacional
Con la finalidad de combatir la impunidad, erradicar la privación ilegal de la libertad y fortalecer las sanciones, cuando el delito derive de la complicidad o inacción de autoridad alguna, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, presentó al pleno del Senado una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de desaparición forzada de personas.
La senadora por Nuevo León señaló que ante la lamentable situación que enfrenta el país, las autoridades correspondientes tienen la obligación de llevar ante la justicia a todos aquellos, incluyendo a los funcionarios, que priven de la libertad, sin justificación, a las personas.
Indicó que por ello, la propuesta con proyecto de decreto propone incrementar de cinco a diez años la pena mínima para todos aquellos que incurran en este delito.
El documento también establece las bases para identificar a los perpetradores de la privación ilegal.
Díaz Salazar detalló que cualquier individuo que secuestre o prive de la libertad a una o varias personas con el consentimiento o apoyo de algún servidor público y que éste no informe de lo acontecido será cómplice y con ello presentado ante la autoridad correspondiente.
En nuestro país –añadió-, existe una gran preocupación por este delito y la situación que permea de impunidad sobre este en México. Las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre diciembre 2006 y 2011 ascienden a 390, de las cuales 277 se registraron entre 2010 y 2011, es decir, más del 70 por ciento.
La legisladora priista resaltó que el presidente Enrique Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo de la historia, pero trabaja intensamente en la elaboración de diversas medidas para asistir a las víctimas.
Puntualizó que si bien es cierto que en la actual administración se vive una crisis por este delito, también es una realidad que es una problemática, herencia de anteriores administraciones.
En la consideración de motivos, la iniciativa de reformas plantea que el incremento de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre desapariciones ha sido sostenido.
El texto turnado a comisiones propone reformar los Artículos 215-A y 215-B del Código Penal Federal y adiciona una Fracción XII al Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de desaparición forzada de personas.
